Tema 3 y 9: Organización de los trabajos; Cuestión de la vilación de los derochos humanos y las libertades fundamentales en cual

March 20 - April 28, 2000
Palais des Nations, GenevaExpositión presentadapor escrito por Familia Franciscana Internacional. La situación de los derechos humanos en Colombia (E/CN.4/2000/NGO/36)

Desde hace más de diez años la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha venido ocupándose de situación de derechos humanos en Colombia, manifestando constantemente su preocupación, donde han calificado que este país presenta un cuadro de "graves, persistentes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos".

Diversas instancias del sistema internacional han elaborado informes, tales como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas , el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias , el Relator Especial sobre la Tortura, el Representante del Secretario General sobre la cuestión de los desplazados internos, al igual que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. Recientemente por parte de la Alta Comisionada para los derechos Humanos, también ha sido documentada la situación en las sesiones realizadas durante 1998 y 1999.

Como resultado de dicha labor sendas recomendaciones han sido formuladas al Estado colombiano, donde se plantea la adopción de medidas urgentes para: garantizar el funcionamiento de un sistema de justicia respetuoso de los derechos y garantías procesales; el desmonte de los grupos paramilitares; superar la impunidad; y procurar un clima de respeto a los derechos humanos. A pesar de haber pasado once años desde que se formularon las primeras recomendaciones, las mismas no han sido implementadas, llevándose por el contrario a una situación de agravamiento y profundización de la crisis de derechos humanos.

Los hechos de violencia política han empeorado. El Estado ha sido responsable de un 78 % de estos hechos (el 73% de los mismos corresponden a acciones ejecutadas por parte de grupos paramilitares que han actuado con el apoyo, tolerancia, permisividad o coordinación con agentes del Estado; en tanto que el 5% restante se ubica como acciones directas de la fuerza pública). El restante 22% de estas acciones se atribuye a las guerrillas.

Durante 1999 la situación de derechos humanos y de derecho humanitario continuo deteriorándose. La degradación del conflicto armado se ha hecho más evidente. La básica distinción entre combatientes y no combatientes y población civil ha sido dejada de lado por los actores armados, los cuales bajo el propósito de ganar o recuperar territorios perdidos, han considerado a los residentes en estas zonas como integrantes o auxiliadores de sus contrincantes. Se ha dado el uso de medios y métodos de guerra con alcances indiscriminados, tales como bombardeos y ametrallamientos aéreos por parte de la Fuerza Pública (Santo Domingo-Arauca Diciembre 13 de 1998, 18 personas murieron entre ellos 7 menores de edad); los métodos de asalto a poblaciones por parte de las guerrillas dejando civiles muertos (Nariño, Antioquia Julio 30/99, 8 civiles muertos); y las retenciones masivas e indiscriminadas por parte de los grupos insurgentes.

El libre y abierto accionar de los grupos paramilitares

De manera reiterada por parte de Órganos del Sistema de Naciones Unidas se ha solicitado la adopción de medidas para la erradicación de los grupos paramilitares, así como la separación del cargo del personal de la fuerza pública comprometido en la conformación e impulso de estas estructuras criminales. Pese a los intensos llamados en este sentido, la adopción de medidas eficaces para combatir los grupos paramilitares y eliminar todo tipo de nexos con los miembros de la Fuerza Pública ha sido inexistente o nula. Por el contrario los estrechos vínculos de coordinación, colaboración, tolerancia y aquiescencias de las autoridades con estos grupos se han incrementado, inclusive haciéndose más abierto y público.

Una situación ejemplificativa de ello es lo ocurrido el día 21 de agosto de 1999 hacia las 8:45 minutos de la noche, donde miembros de un grupo paramilitar en número aproximado de 150 hombres incursionó libremente al corregimiento de La Gabarra (Tibú), ocasionando la muerte a 29 personas. En este hecho es particularmente preocupante observar como "el reten del Ejército Nacional que se realiza usualmente a la entrada del pueblo -por la vía a Tibú-, fue levantado hacia las 8 de la noche del sábado 21, e igualmente los efectivos que patrullaban las calles de la localidad se retiraron dicho día hacia la base militar a las 8:10 p.m." , a fin de facilitar la consumación de este crimen.

Como un hecho importante debe señalarse que por parte de este gobierno colombiano se dispuso por vía reglamentaria la conformación de grupos especiales al interior de la fuerza pública, para neutralizar la acción de los grupos paramilitares, así como la separación de los miembros de la fuerza pública que mantuviesen vínculos con los mismos. A pesar de haber transcurrido varios meses desde estos anuncios públicos, no se conoce de la existencia, funcionamiento y operatividad de estos grupos especiales y menos aún de la separación por vía administrativa de personal militar o policial.

Medidas contra la impunidad

En contradicción con lo establecido en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, así como decisiones de la Corte Constitucional, graves violaciones a los derechos humanos han continuado siendo objeto del conocimiento por parte de la Justicia Penal Militar. En el ámbito de la Justicia Ordinaria no se observan avances significativos, lo que ha permitido que la impunidad permanezca en aproximadamente el 100% de los casos. Los métodos y técnicas de investigación continúan girando frente al testimonio de las víctimas o sus familiares, respecto de quienes en muchas oportunidades se ejercen presiones indebidas y se pretende obligarlos a testificar sin claras garantías para su vida e integridad personal.

En el mes de junio de 1999 fue aprobado por parte del Congreso de la República el nuevo Código Penal Militar, medida que fue recomendada de tiempo atrás por diversas órganos del sistema universal de derechos humanos, reforma que no acata ni consulta las diferentes recomendaciones e instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, en tanto: posibilita que graves infracciones a los derechos humanos puedan ser objeto del conocimiento de la Justicia penal Militar y permite que las funciones de investigación y juzgamiento puedan ser asumidas por personal activo de la fuerza pública, entre otros aspectos.

Adicionalmente, se establece dentro del mismo articulado que dicho Código solo entrara en vigencia un año después de su expedición, siempre y cuando se halle en vigencia la respectiva Ley Estatutaria que define la estructura de la Administración de la Justicia Penal Militar. Con esta decisión lo aprobado se convierte en un instrumento sin posibilidad de aplicación real, pues hasta el presente no existe tan siquiera dicho proyecto de ley estatutaria.

También durante el presente año fue aprobada la Ley por medio del cual se tipifica el Genocidio, la Desaparición Forzada, el Desplazamiento Forzado y la Tortura, disposiciones que tampoco se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos, a su vez que en el caso del desplazamiento forzado deja un amplio margen de interpretación que permite dar validez y legalidad a los desplazamientos forzados por parte de la fuerza pública.

El tratamiento del desplazamiento forzado

Durante el primer semestre de 1999 tuvo un incremento en 124.000 personas, llegándose a una cifra aproximada de 1'800.000 personas víctimas del mismo, caracterizándose éste último período por los desplazamientos masivos o en éxodo. Recientemente fue expedido el documento Conpes 3057 del 10 de noviembre de 1999, donde se fija la política de atención al desplazamiento forzado. Es preocupante observar como se minimiza la problemática en dicho documento, pues de un lado señala que la población afectada con el mismo asciende a 400.000 personas, en tanto que los municipios afectados son 139, es decir aproximadamente un 10% del territorio nacional, siendo un hecho público y evidente el incremento en el número de departamentos expulsores.

Adicionalmente, la atención del gobierno se ha centrado en lo asistencial y de emergencia, caracterizado por los elevados niveles de dispersión en la responsabilidad, la ausencia de un proceso de concertación y participación de la población desplazada tendiente a definir mecanismos, criterios y políticas de atención, en donde los bienes y servicios suministrados no se ajustan a las necesidades, diferencias étnicas y culturales, en donde el criterio de la temporalidad de la atención de emergencia ha sido utilizado como mecanismo para forzar procesos de retorno, en contravía de la voluntariedad y seguridad que se consagra en los Principios Rectores sobre el Desplazamiento Forzado.

La gravedad de la situación es recogida por la Oficina de Enlace de ACNUR: "En términos de necesidades básicas, se han reportado estados moderados y en algunos casos severos de malnutrición entre la población desplazada, particularmente entre grupos vulnerables. Más aún, la falta de vivienda básica es generalizada. El 80% de la población desplazada no tiene acceso a servicios médicos básicos, y el 95% de las mujeres desplazadas no reciben atención médica durante el embarazo. Un estudio reciente sobre derechos de tenencia de tierra para personas desplazadas, concluyó que antes del desplazamiento el 43% de los entrevisdados tenían derecho sobre sus tierras, mientras que después del desplazamiento el 95% de ellos abandonaron sus tierras y no saben el estado actual de ellas".

Frente a situaciones donde se preveía el riesgo en que se encontraban personas y comunidades la omisión al deber de protección continuó siendo una constante.

A la vez, el deber de garantizar un retorno en condiciones de seguridad ha sido sistemáticamente desconocido. Por ejemplo, en relación con los habitantes del Sur de Bolívar y el Valle del Cimitarra, quienes en el mes de agosto de 1998 posterior a un acuerdo suscrito con el Presidente de la República retornaron a sus lugares de origen, desde que se produjo el mismo hasta la fecha, más de 260 personas han sido victimas de ataques contra su vida e integridad personal. Sumado a lo anterior, el pasado 28 de noviembre uno de los voceros del éxodo Edgar Quiroga, fue desaparecido en compañía de Gildardo Fuentes en el municipio de San pablo (Bolívar), en una acción conjunta de miembros de la V Brigada del Ejército y grupos paramilitares.

Situación de los defensores de derechos humanos

Los ataques contra activistas sociales, lideres sindicales y defensores de derechos humanos se ha mantenido en niveles alarmantes. Durante el presente año seis defensores de derechos humanos fueron objeto de secuestro por parte grupos paramilitares que siguen actuando con el franco y decidido apoyo de miembros de la fuerza pública. A su vez, varios defensores han sufrido atentados en los que han perdido la vida, entre quienes se encuentran Everardo Puerta y Julio González integrantes del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, así como Gustavo Marulanda, miembro del Comité de Derechos Humanos de la Universidad de Antioquia.

Actualmente varios defensores de derechos humanos y lideres sindicales permanecen privados de la libertad bajo órdenes de la Justicia regional (hoy Justicia especializada), en procesos donde la ausencia de garantías y de independencia e imparcialidad de los investigadores y juzgadores ha sido recurrente, dado el nivel de intromisión y dirección que mantienen sobre las actuaciones judiciales miembros de la fuerza pública.

Pese a la existencia de una directiva presidencial en la que se reconoce la legalidad, necesidad y legitimidad del trabajo desarrollado por parte de los organismos no gubernamentales, continúan siendo recurrentes las manifestaciones públicas de altos oficiales de la fuerza pública que insisten en señalarlos como estamentos infiltrados o que trabajan al servicio de la subversión.

Si se analiza el reiterado incumplimiento a las recomendaciones de los órganos del sistema de Naciones Unidas, así como la grave situación de los derechos humanos en Colombia, debe necesariamente concluirse que hoy se hace necesario e imprescindible adoptar medidas prontas y urgentes que permitan detener el espiral de graves violaciones a los derechos humanos.

Para ello se hace hoy necesario que sobre la base del informe analítico que le presenta la Alta Comisionada, manifieste nuevamente su profunda preocupación por la crisis de derechos humanos en Colombia y por el reiterado incumplimiento de las recomendaciones formuladas al gobierno colombiano.

Que se fortalezca la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia con mayor personal y recursos financieros.

Que se designe un RELATOR ESPECIAL para Colombia que supervise la situación de derechos humanos y presente informes periódicos a la Comisión de Derechos Humanos.

Oral, Written or Summary: 
Meeting Year: 
2000
Meeting: 

co00

UN Commission on Human Rights: Fifty-sixth session
Meeting Name: 
UN Commission on Human Rights: Fifty-sixth session