Tema 3: Frente a la Grave Crisis de Derechos Humanos, el Estado Colombiano Noatiende las Recomendaciones Internationales y la Si

March 22 - April 28, 1999
Palais des Nations, Geneva

Las organizaciones sindicales, sociales y las organizaciones de derechos humanos (ONG) agrupadas en la Coordinación Colombia Europa ponemos a consideración de la Comisión de Derechos Humanos (en adelante la Comisión) esta declaración, orientada a demostrar que el Estado colombiano no ha implementado la mayoría de las recomendaciones internacionales que en el pasado le han formulado los diferentes órganos de Naciones Unidas y que, por lo tanto solicita a la Comisión, reiterar su preocupación por la persistencia de la crisis de derechos humanos y exhortar al gobierno para que ejecute las medidas que la comunidad internacional ha recomendado.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (en adelante Alta Comisionada) dijo en su informe presentado a la Comisión en 1998 que las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia eran “graves, masivas, y sistemáticas” (E/CN.4/1998/16, parr. 172). El panorama de derechos humanos en 1998 no muestra cambios substanciales con relación a años anteriores. En efecto, la acción de los grupos paramilitares, la agudización del desplazamiento forzado, los ataques contra defensores de derechos humanos. A ello se suma la existencia y expansión del enfrentamiento armado que afecta seriamente el disfrute y ejercicio de los derechos humanos las libertades fundamentales.

Frente a esta grave crisis el gobierno del presidente Andrés Pastrana no ha presentado su política par enfrentarla. Una de las pocas medidas conocidas ha sido el nombramiento del Vicepresidente como encargado de esta materia, lo cual puede significar que se pretende elevar el perfil del tema de derechos humanos dentro del gobierno. Sin embargo, hasta la fecha el alto funcionario no ha asumido materialmente sus funciones.

Durante el tiempo que lleva este gobierno, la actividad paramilitar contra la población civil se ha incrementado notablemente y ello no se ha traducido en un enfrentamiento decidido y eficaz contra estos grupos por parte de la fuerza publica (ejercito y policía), ni en una acción contundente para eliminar los nexos que existen entre agentes del Estado y grupos paramilitares. Al contrario se han recibido noticias de que ante los enfrentamientos ocurridos entre grupos guerrilleros y paramilitares estos últimos han recibido apoyo de la fuerza publica.

Por otra parte, contrasta la actitud del gobierno de realizar conversaciones con los grupos insurgentes con su negativa a dialogar con los movimientos sociales que manifiestan reparos a las medidas de ajuste económico.

Nuestro compromiso con la búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado interno que afecta a Colombia, nos hace clamar por la toma de medidas contra la impunidad, por el desmantelamiento de los grupos paramilitares y por la ruptura de los lazos que existen entre estos grupos y algunos agentes del Estado, pues estamos seguros que de esta forma se contribuirá a una paz firme y duradera, y a generar condiciones favorables para el desarrollo de conversaciones que lleven a una salida política al conflicto. Advertimos que desde la perspectiva de los derechos humanos, el primer punto de la negociación debe ser la adopción de un acuerdo que obligue a las partes respetar los derechos de los no combatientes. Asimismo, debe señalares que desde el ángulo del derecho internacional de los derechos humanos, no es posible pactar, al final de un eventual proceso de paz, medidas de gracia que cobijen a los autores de crímenes de lesa humanidad, incluido el genocidio, y de crímenes de guerra.

Como se puede apreciar, las condiciones que dieron origen a la creación de la Oficina del Alto Comisionado en Colombia (la Oficina) persisten. Por esta razón, reiteramos nuestro apoyo al mandato de la Oficina, consistente en asesorar a las autoridades colombianas y a las organizaciones de la sociedad en el desarrollo de políticas y programas para promoción y protección de los derechos humanos, de observar las violaciones de derechos humanos en el país y dar cuenta a la Alta Comisionada para que esta a su vez presente un informe analítico y pormenorizado a la Comisión.

Consideramos que el desarrolle cabal de este mandato, sumado a la presencia permanente de los funcionarios de la Oficina en nuestro país, otorga las condiciones para que juegue un papel importante en la superación de la grave crisis de derechos humanos. Sin embargo, la orientación que hasta ahora ha predominado no ha sido acertada al asumir que las vocaciones de los derechos humanos son inevitables, mientras persista al conflicto armado interno y, por consiguiente, no ha desarrollado ni en toda su potencialidad, ni con la necesaria decisión y convicción, el mandato que le ha sido atribuido para que las autoridades colombianas respeten y protejan los derechos humanos de la población, aun durante la situación de conflicto armado.

El numero de personas desplazadas de sus lugares de vivienda se ha incrementado de una manera alarmante hasta llegar a niveles que podrían calificarse de catastróficos. Según fuentes no gubernamentales, desde 1985 hasta septiembre de 1998 habían sido desplazadas forzadamente cera de 1.400.000 personas, de las cuales aproximadamente 250.000 lo fueron entre enero y septiembre de este ultimo año. Ante esta situación, la política del Estado no ha sido eficaz para atacar las causas del desplazamiento, atender las necesidades básicas de los desplazados ni para reparar a las víctimas de esta compleja violación de los derechos humanos.

Durante los últimos anos el poder adquisitivo del salario de los trabajadores colombianos ha venido reduciéndose. Mientras la canasta familiar de un obrero cuesta el equivalente a 2.5 salarios mínimos mensuales, más de la cuarta parte de la población vinculada laboralmente devenga solo un salario mínimo y más del 50% de las personas económicamente activas (PEA) se encuentran vinculadas a la economía informal, donde generalmente no se garantiza ni siquiera este nivel de ingreso. Esta situación se agrava con el aumento del desempleo que para diciembre de 1998 alcanzo un porcentaje del 15.9% para las siete principales ciudades, según cifras oficiales. La perspectiva para 1999 es poco esperanzadora. La política de ajuste impulsada por el gobierno apunta no solo a restringir los incrementos salariales, sino a continuar disminuyendo la capacidad adquisitiva de los trabajadores, mediante el incremento de la base gravable del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Como resultado de la actividad de la Oficina, la Alta Comisionada presento al 54° periodo de sesiones de la Comisión un informe (Documento E/CN.4/1998/16) sobre la situación en Colombia. El debate del informe produjo la renovación del mandato de la Oficina y la adopción de una declaración propuesta por el Presidente de la Comisión, en la cual se expreso preocupación por el empeoramiento de la situación y, entre otros, se insto al gobierno colombiano a dar cumplimiento a las recomendaciones de Alta Comisionada y los otros mecanismos de supervisión de la Comisión.

No sobra recordar que, como consecuencia de sus deberes internacionales, el gobierno colombiano debe apoyar las actividades de los órganos de protección de los derechos humanos y además atender sus recomendaciones.

El análisis comparativo entre las recomendaciones de la Alta Comisionada y su grado de implementación por parte del Estado colombiano, lleva a la conclusión de que el gobierno de Colombia no coopera adecuadamente con las instancias de la Naciones Unidas que velan por la defensa y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todos los países.

En efecto, como constató la Alta Comisionada en su primer informe a la Comisión (doc. E/CN.4/1998/16, parr.207), las autoridades colombianas no han tenido en cuenta las recomendaciones formuladas tanto “por los órganos de los tratados… como por los mecanismos especiales de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”. Algunas de las más importantes recomendaciones reiteradas por la Alta Comisionada no han merecido la debida atención ni mucho menos su implementacion por parte des Estado colombiano: respeto al derecho internacional humanitario, enfrentamiento y erradicación de los grupos paramilitares, eliminación de los nexos existentes entre algunos agentes del Estado y estos grupos, adopción de medidas para superar la impunidad y garantizar el pleno funcionamiento de la justicia. En ciertos casos este desconocimiento se ha manifestado en abierto desafío al ascender de grado a militares que son investigados por violaciones a los derechos humanos.

¿Qué Esperamos de la Comisión de Derechos Humanos?
Por todo lo anterior consideramos que la Oficina debe centrar sus esfuerzos e lograr que durante 1999 las autoridades colombianas lleven a la practica las recomendaciones de la Alta Comisionada. Para este propósito, se requiere que la actividad de la Oficina se ciña estrictamente al mandato contenido tanto en las declaraciones del Presidente de la Comisión come en el Acuerdo celebrado entre el gobierno de Colombia y la Alta Comisionada.
Así mismo seria conveniente que la Comisión, al examinar en el año 2000, durante el 56° periodo de sesiones, el tercer informe de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, ponga especial atención al nivel de realización de la recomendaciones por parte del Estado colombiano y, de persistir este en su negativa a tomar las medidas que se le sugieren, examine la necesidad de establecer otros mecanismos, como el de un relator especial, que conjuntamente con los ya existentes, contribuya para que las autoridades colombianas cumplan con su obligación de cooperar adecuadamente con las Naciones Unidas para superar la grave crisis de derechos humanos.

Al 55° periodo de sesiones de la Comisión pedimos:

  1. Que sobre la base del informe analítico y pormenorizado que le presente la Alta Comisionada, manifieste de nuevo su profunda preocupación por la persistente crisis de derechos humanos que vive Colombia y por el reiterado incumplimiento de las recomendaciones que han sido formuladas al gobierno colombiano y, en consecuencia, lo exhorte para que en cooperación con la Oficina, implemente las recomendaciones de la Alta Comisionada.
  2. que se renueve el mandato de la Oficina y se le pida que centre sus esfuerzos en procurar que las autoridades de Colombia implementen las recomendaciones formuladas por los distintos mecanismos de la Comisión y los órganos de los tratados, en particular, las contenidas en el informe de la Altas Comisionada al 54° periodo de sesiones.
  3. Que como una medida tendiente a incrementar el compromiso de la comunidad internacional en el mejoramiento de la situación de los derechos humanos en Colombia, se pida a la Alta Comisionada a que presente también su informe sobre las actividades de su Oficina y acerca de la situación de los derechos humanos a la asamblea General.
  4. Que se invite a la Alta Comisionada a que realice un seguimiento cercano de las actividades de su Oficina y a que su informe de cuenta del grado de implementacion de las recomendaciones que elle u otras instancias de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas le hayan formulado a las autoridades colombianas.
  5. Que con el propósito de garantizar una adecuada aplicación del mandato de la Oficina, se pida a la Alta Comisionada que en la selección del nuevo personal, incluido la persona que la dirija, tenga en cuenta su sensibilidad, conocimiento y experiencia en el derecho internacional de los derechos humanos y en América Latina, así como su formación en las áreas del desplazamiento forzado, sistema de justicia, las condiciones de detención y las diferentes formas de discriminación.
  6. Que se inste a la Alta Comisionada para que mediante el mecanismo que considere adecuado, haga una interpretación del mandato y con fundamento en el mismo elabore un plan de trabajo para la Oficina que de cuenta de las áreas prioritarias de acción.
  7. Que se pida a la Alta Comisionada que coordine con los demás mecanismos temáticos de la comisión para que estos continúen prestando atención a la crisis de derechos humanos en Colombia, en sus respectivos informes anuales y realizando las visitas que consideren convenientes.
Oral, Written or Summary: 
Meeting Year: 
1999
Meeting: 

co99

UN Commission on Human Rights: Fifty-fifth session
Meeting Name: 
UN Commission on Human Rights: Fifty-fifth session