Tema 3: Situacion de los derechos humanos en Colombia

March 16 - April 24, 1998
Palais des Nations, GenevaSeñor Presidente.

Franciscans International quiere referirse en esta oportunidad al punto 3 de la agenda, en lo referente al tema de Colombia.

La Comisión en su 53 período de sesiones emitió una declaración en la que pide a la Alta Comisionada, señora Mary Robinson, presentar un informe analítico completo sobre el establecimiento y actividades de la Oficina y sobre el desarrollo de la situacion de los derechos humanos en Colombia.

El reporte de la señora Robinson nos permite afirmar la situacion de derechos humanos en Colombia es cada vez más delicada. Este es uno de los paises en los que existen más mecanismos gubernamentales para la defensa de los derechos humanos y a su vez ostenta grandes cifras de violación de los mismos, haciendo evidente que los recursos y mecanismos establecidos para proteger la dignidad humana no poseen eficacia material sino tan solo vida formal.

Segun las estadisticas de diversas ONGs, durante 1997 el numero de victimas a violaciones de los derechos humanos por persecusion politica ha ido en aumento: 1213 ejecuciones extrajudiciales, 192 desapariciones forzadas, 150 casos de tortura, el desplazamiento forzoso de más de un millón de habitantes. La impunidad mantiene niveles superiores al 90%, y los grupos paramilitares se incrementan por todo el pais.

Si bien no puede esperarse que la Oficina de la Alta Comisionada resuelva por cuenta propia la grave situacion de derechos humanos, se espera que este mecanismo produzca un notorio avance en la implementación de las recomendaciones hechas reiteradamente al Estado colombiano por diferentes instancias de esta Comisión, lo cual redundaría indudablemente en una objetiva mejoría de la situación.

Queremos que la Oficina de la Alta Comisionada debe revestirse de credibilidad en tanto juegue un papel importante en la creación de condiciones para la proteccion y mejoramiento de la situacion de derechos humanos. Seria un grave precedente para esta instancia internacional y para toda la humanidad el que sus mecanismos permanezcan en el tiempo, sin lograr su objetivo y sin ofrecer resultados concretos que demuestren su efectividad.

Estamos convencidos de que el mandato concertado entre Gobierno colombiano y la Alta Comisionada ofrece buenas posibilidades y puede ayudar a disminuir los niveles de violacion a los derechos humanos y por ello instamos a que se haga uso del importante recurso de los informes y declaraciones públicas orientadas a favorecer el avance en el cumplimiento de las recomendaciones, favoreciendo con ello el seguimiento y compromiso de los órganos internacionales y proponemos que se establezca un mayor grado de acompañamiento para la Oficina en Colombia por parte de la Alta Comisionada, que bien podría hacerse mediante la programación de visitas a ese país.

Si bien es cierto el país atraviesa por una dificil situación de confrontación armada, también lo es que no es esta la principal fuente de violación a los derechos humanos y que, por el contrario, las profundas desigualdades económicas, políticas y sociales que allí se han presentado históricamente ocasionan en buena medida el estado de violencia que hoy evidenciamos, ante lo cual estamos convencidos de que la defensa, respeto y promocion de los derechos humanos es tal vez el mayor aporte que se puede hacer en la busqueda de una paz firme y duradera, por lo que la realizacion del mandato de la Oficina constituye una gran contribucion de la comunidad internacional a la paz en Colombia. Adicionalmente, el compromiso asumido por los Estados en el sentido de garantizar el disfrute de los derechos fundamentales, no puede aplazarse so pretexto del conflicto, pues su vigencia no depende de situaciones particulares, es un imperativo universal.

En el terreno concreto de la competencia propia de la Comision de Derechos Humanos, queremos reiterar que el Gobierno de Colombia no ha dado cumplimiento a la mayor parte de las recomendaciones hechas en los ultimos anos por diversos organos de las Naciones unidas. En efecto:
  • No ha adoptado medidas claras y efectivas para combatir, desmontar y llevar a juicio a los grupos paramilitares y por el contrario cada vez son más evidentes los nexos de miembros de las fuerzas armadas con estas criminales organizaciones.
  • No ha promulgado una ley en la cual la desaparicion forzada se tipifique como delito, de conformidad con la definicion que dan sobre esta conducta los instrumentos internacionales ratificados por el propio Estado.
  • No ha hecho efectiva la reforma del codigo penal militar, conforme a las reiteradas recomendaciones, en el sentido de excluír la “obediencia debida” como eximiente de responsabilidad.
  • Tampoco ha dispuesto que la jurisdicción penal militar, parte de la rama ejecutiva, entregue a la jurisdiccion ordinaria todos los procesos originados en la comisión de hechos constitutivos de violaciones de los derechos humanos y crimenes de guerra, aunque asi lo ordena una sentencia en firme de la Corte Constitucional.
  • Insiste en prolongar por varios años más (hasta 1999) el funcionamiento de la jurisdiccion regional o “justicia sin rostro”.
  • Se ha abstenido, en la mayor parte de los casos, de suspender a los miembros de la fuerza publica contra quienes hay indicios graves de responsabilidad en masacres, desapariciones, desapariciones forzadas y otros hechos gravisimos.
  • Ha mantenido los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada aunque tiene pleno conocimiento de las irregularidades y hechos delictivos que se atribuyen a no pocas personas encargadas de su prestación.
  • No ha tomado medidas eficaces para prevenir el desplazamiento forzado.
  • No ha implementado un programa serio de protección y ayuda para las personas desplazadas.

Queremos llamar la atencion sobre la persecucion a la que son sometidos los defensores de derechos humanos por parte de diversos funcionarios del Estado que asimilan este trabajo con actividades subversivas o criminales llevando a que muchos defensores hayan sido asesinados o hayan tenido que abandonar el país con toda su familia. Vemos con preocupacion que esta actividad se torna cada vez mas peligrosa y llamamos a la Alta Comisionada a que haga un seguimiento de la gestion que se viene adelantando conjuntamente entre el Gobierno y las ONGs en orden a garantizar el libre desempeño y el legitimo desarrollo de esta actividad de defensa de los derechos huamanos.

La situación descrita, manifiesta en el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos, en el reiterado incumplimiento de parte del Gobierno colombiano de los acuerdos y recomendaciones internacionales y en la cada vez mas dificil tarea de defensa de los derechos humanos en colombia por parte de ONGs y organizaciones sociales debe llevarnos a reforzar de una manera decidida el papel que juega la Oficina de la Alta Comisionada, para la cual instamos a la senora Mary Robinson a que presente un informe a la Asamblea General de Naciones Unidas sobre las actividades de la Oficina y la situacion de los derechos humanos en Colombia.

Muy respetuosamente señor presidente, queremos instar a esta Comisión,a que establezca un mecanismo propio, como un Relator Especial, que informe directamente a la Comisión acerca de la situacion de los derechos humanos en Colombia y de los obstaculos que puedan impedir el cabal cumplimiento de los acuerdos internacionales.

Franciscans International espera que estas y otras recomendaciones de la Comisión, de los relatores y de los grupos de trabajo sean atendidas y acompañadas en su desarrollo.

Gracias señor presidente.
Oral, Written or Summary: 
Meeting Year: 
1998
Meeting: 

co98

UN Commission on Human Right: Fifty-fourth Session
Meeting Name: 
UN Commission on Human Right: Fifty-fourth Session