March 16 - April 24, 1998
Palais des Nations, GenevaFranciscans Internationals en colaboración con los dominicos hace un llamado urgente a la comunidad internacional a fin de trabajar aun más por el respeto de la persona humana en su dignidad y sus derechos.

Es una pena constatar que al borde del nuevo milenio todavía se realicen, en el marco de la procuración y administración de justicia de los Estados, acciones como la tortura. Por ejemplo, en el caso México, la práctica de la tortura se inflige con mucha frecuencia como instrumento para obtener confesiones o información, y en algunos casos como castigo: el caso de los campesinos en San Pedro Nixtalucum, Chiapas (14/03/1997) o bien el de la detención ilegal de dos campesinos y dos sacerdotes en marzo de 1997 ilustran esto.

Esta situación que tiende a incrementarse, se aúna a la aplicación selectiva de la justicia para casos políticos, lo cual incrementa los muy grandes índices de impunidad en el país y el crimen organizado, como la existencia de grupos paramilitares.

En el mundo, las dificultades de acceso a la justicia, sobre todo para los más pobres, facilita no sólo la violencia, sino al interior de los propios centro de aplicación de la ley, el maltrato y la arbitrariedad. Tal es el caso de México, donde de manera frecuente con la anuencia funcionarios del ministerio público se comete toda clase de arbitrariedad. A esto, hay que añadir el hecho que la corrupción en los sistemas de justicia genera gran desconfianza, provocando que se incurra en la aplicación de la justicia por propia mano. Otro ejemplo ilustrativo es el sistema de justicia en Colombia que constituye uno de los principales factores de violación a los derechos humanos. La máxima universal de que “es preferible tener un culpable en libertad que un inocente en la cárcel” ha sido invertida allí, estableciendo el imperio de la presunción de culpabilidad. Contrasta abiertamente dentro de este sistema la existencia de una impunidad cercana al 100%.

Los centros de reclusión en el Mundo no permiten a veces la readaptación de los convictos. Tal es el caso de las múltiples prisiones en Chiapas, todas ellas sobrepobladas, donde la real readaptación no existe. En Colombia vemos un panorama similar, donde las cárceles tienen más del 50% de sobrepoblación sobre su capacidad, es decir, más de 40.000 reclusos permanecen asinados en prisiones construidas para albergar apenas a 28.000. Es preocupante que los presos políticos se vean sometidos en las prisiones a controles de co-gobiernos presididos por narcotraficantes o por paramilitares.

Tales situaciones obedecen a políticas criminales, inestables y represivas, que encubren la incapacidad para combatir efectivamente la corrupción y los nexos de altas esferas de gobierno con el narcotráfico, con el endurecimiento de medidas contra los grupos de oposición y la delincuencia callejera.

La ineficacia de la justicia para adelantar de manera exitosa las investigaciones penales y sancionar a los responsables ha conducido a una práctica violatoria de los principios universales reconocidos para un debido proceso penal. La población carcelaria, en Colombia, está compuesta por un 45% de personas cuya responsabilidad no ha sido declarada en juicio, ello gracias a que el procedimiento penal permite la detención preventiva en gran parte de los casos, la cual puede prolongarse hasta por más de dos años como en el caso de las personas sometidas a la Justicia Regional. Adicionalmente, si la persona condenada interpone los recursos legales ante la Corte Suprema deberá aguardar por lo menos tres años más mientras se define su situación.

La práctica de privilegiar la detención de las personas llevadas a proceso penal está demostrada en la prohibición expresa de conceder libertad bajo fianza o juramento a las personas sometidas a la Justicia Regional, en el caso de Colombia, o a Justicia en general en el de México, con la imposición de garantías millonarias a personas carentes de recursos y en la cada vez más creciente práctica de restringir los beneficios jurídicos alegando un alto grado de descomposición social.

Mientras que miembros de la Rama judicial alegan la imposibilidad de evacuar el alto número de procesos acumulados y la falta de medios y recursos apropiados para su gestión y las autoridades carcelarias manifiestan la imposibilidad de recibir más reclusos por el fenómeno de sobrepoblación, los prisioneros, en Colombia, realizaron en el último año más de 50 motines, con saldo de varios muertos y heridos, reclamando condiciones de reclusión tan elementales como el suministro de agua y de alimentos, la disposición de un espacio para dormir, atención médica o disposición de las visitas familiares, así como el respeto a un debido proceso, sin dilaciones injustificadas. De igual modo en México, la situación es análoga.

Sr. Presidente, extraña que pese a este grave panorama, el cual ha sido reconocido por varios instrumentos de Naciones Unidas y frente al cual se han formulado reiteradas recomendaciones, el gobierno colombiano no haya adoptado las medidas necesarias para su superación; así como el hecho de que el informe de la visita del Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados, realizada a Colombia desde 1996, no se haya hecho público aún.

En tales condiciones Franciscans Internationals pide a la Comisión que inste al Gobierno colombiano a implementar de manera inmediata las recomendaciones formuladas al respecto: tales como son la abolición del sistema de justicia regional y el cumplimiento de las garantías propias del debido proceso, haciendo efectivo el derecho de defensa, la presunción de inocencia y levantando las restricciones impuestas al recurso de habeas corpus. De igual manera esta Comisión debería hacer un llamado urgente a la Oficina de la Alta Comisionada para que mantenga una vigilancia más activa en este campo, así como disponer la publicación inmediata del informe del relator y promover a través de él un seguimiento permanente a la situación colombiana.

De igual manera Franciscans Internationals en colaboración con los dominicos se une a las recomendaciones realizadas por el Sr. Rodley en su Informe (E/CN.4/1998/38/Add.2 14 de enero de 1998) y urgimos al gobierno mexicano a que las cumpla cabalmente lo antes posible.

Muchas gracias.
Oral, Written or Summary: 
Meeting: 

co98

UN Commission on Human Right: Fifty-fourth Session
Meeting Year: 
1998
Meeting Name: 
UN Commission on Human Right: Fifty-fourth Session