COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

 

Examen de Guatemala

67 periodo de pre-sesión

 

Declaración oral realizada el

12 de octubre 2020

 

Franciscans International y Dominicans for Justice and Peace abordaremos la falta de consulta previa e informada respecto de la implementación de megaproyectos de industrias extractivas y en particular de la hidroeléctrica Oxec como ejemplo de estas dinámicas. También se mencionará las repercusiones de las actividades empresariales en los derechos económicos, sociales y culturales durante la COVID-19 y finalmente algunas apreciaciones al derecho a un medio ambiente sano y el derecho al agua.

Consulta de los pueblos indígenas en el contexto del complejo Oxec

En primer lugar, el Congreso de Guatemala no ha establecido un mecanismo legal para realizar las consultas de conformidad con el Convenio 169. Actualmente, hay dos iniciativas de ley ninguna de las cuales ha sido efectivamente consultada con los pueblos indígenas y se encuentra basada en una Guía[1] desarrollada con el apoyo del sector privado y que favorece a empresas extractivas.

El complejo hidroeléctrico Oxec es un caso ilustrativo de la falta de consulta previa e informada de los pueblos indígenas en Guatemala. Este complejo hidroeléctrico está ubicado en Alta Verapaz que incluyen los proyectos Oxec I (actualmente en operaciones), Oxec II (construcción finalizada) y Oxec III (la licitación ha sido otorgada y está en proceso de construcción).

Las primeras dos etapas del complejo, Oxec I y Oxec II fueron otorgadas sin consultar previamente a las comunidades. En 2016, se presentó una denuncia ante la justicia de Guatemala y en febrero 2017, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó al Ministerio de Energía y Minas realizar la consulta al pueblo Q’eqchi’ de Cahabón. Sin embargo, la sentencia permitió que las empresas siguieran construyendo y operando por el plazo de un año, mientras se realizaban las consultas.

Sin embargo, debido al incumplimiento del Estado de los derechos de los pueblos indígenas a la consulta y el consentimiento, las comunidades indígenas del pueblo Q´eqchi´ realizaron en agosto 2017 una consulta Comunitaria de Buena Fe. En febrero 2020 las comunidades presentaron a la municipalidad una solicitud exigiendo que se valide y ratifique la Consulta Comunitaria de Buena Fe de conformidad con el Código Municipal. Hasta el momento no se ha resuelto el tema de la validación y ratificación.

Respecto de Oxec III, las comunidades no fueron consultadas de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos y las tradiciones de los pueblos indígenas. La compañía alega haber presentado en noviembre 2019 el Estudio de Impacto Ambiental al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, para que este otorgue la licencia para la construcción. Sin embargo, este estudio de impacto ambiental no es público ni accesible.

 

Impacto ambiental y derecho al agua en el contexto del proyecto Oxec

Es muy común que en la implementación de megaproyectos, además de la falta de consulta, no se da a conocer a las comunidades los estudios de impacto ambiental, existen lagunas de información particularmente de información técnica, no existe  certeza jurídica de la propiedad de la tierra donde se planifican la construcción de los megaproyectos, y aquéllos construidos en cuencas hidrográficas, no se tiene información sobre los daños a estas cuencas o el riesgo la extinción de especies acuáticas. 

Además de los problemas relacionados con la falta de estudios de impacto ambiental y del impacto al agua por parte del Estado, se adiciona el daño cultural que se genera a un pueblo cuya visión del mundo se basa en su relación con el medio ambiente.

Respecto del derecho al agua, existe un dictamen favorable para dos iniciativas de ley en esta materia los cuales no contaron con la participación de representantes de las comunidades y pueblos indígenas. Estas iniciativas responden a intereses empresariales y de beneficio únicamente para las corporaciones con la intención de privatizar el recurso hídrico y permitirles la explotación de los ríos y otros cuerpos de agua sin la previa consulta a los pueblos indígenas que se verían afectados por dicha explotación.

Asimismo, en el caso de las aguas transfronterizas y respecto de uno de los ríos fronterizos, el río Lempa, existe una afectación derivada de la contaminación por parte de la agroindustria y la minería guatemalteca.  Actualmente no existen estudios del impacto ambiental y de los daños causados a la población salvadoreña. Una situación similar sucede en el río Motagua que hace frontera con Honduras, donde derivado de las lluvias, toneladas de basura son arrastradas al mar y afectan las costas hondureñas y su población. El gobierno guatemalteco no ha abordado ninguna de estas situaciones. Este Comité tiene una oportunidad única de abordar esta situación considerando que también el Salvador será objeto de revisión el día de mañana, no sólo para abordar las obligaciones extraterritoriales de Guatemala, sino para abordar cuestiones de cooperación y asistencia para ambos países.

 

Situación de empresas nacionales y transnacionales durante la COVID-19

Finalmente, durante la COVID-19, las empresas nacionales y transnacionales, principalmente las agroindustriales no han parado sus actividades, solo redujeron personal, horarios y salarios, resultando en un alto número de despidos de personal. En este sentido, los efectos de la pandemia abonan más a las grandes desigualdades socioeconómicas ya conocidas que afectan a los pueblos indígenas y a mujeres en particular. Esto de igual forma expone a las comunidades a un mayor riesgo de contagio pues si bien las comunidades tienen restringido su derecho a la circulación dadas las medidas sanitarias y los estados de excepción, esto no es así para las y los trabajadores y actividades de las empresas.

A la luz de la información anterior, señalamos a la atención del Comité las siguientes preguntas:

  • ¿Cuál es el proceso que el Estado utiliza para asegurar que todas las comunidades afectadas, particularmente las comunidades indígenas sean consultadas en todas las etapas de licitación, construcción y operación de megaproyectos de forma libre, previa e informada de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos y las tradiciones de los pueblos indígenas?
  • ¿Cómo garantiza el Estado el acceso de las comunidades afectadas a los estudios de impacto ambiental? ¿Está el Estado involucrando comunidades afectadas y sus representantes a la hora de elaborar estos estudios, para contar con su pericia sobre el medioambiente local y posibles impactos? 
  • ¿Qué esfuerzos ha entablado el Gobierno con países vecinos para garantizar la conservación y manejo de las aguas transfronterizas? Particularmente con el río Lempa respecto de El Salvador.
  •  ¿De qué forma se ha consultado a las comunidades respecto de los proyectos de ley 5098 y 5161 para garantizar que estas iniciativas respeten el derecho humano al agua de las comunidades?
  • ¿Qué medidas ha adoptado el Estado para proteger de forma efectiva los derechos económicos, sociales y culturales y prevenir más violaciones en el contexto de actividades empresariales? incluyendo durante el Covid-19?

 

Les agradezco su atención y quedo a su disposición para responder a cualquier pregunta que puedan tener.

 

 

[1] Es una Guía que contó con el apoyo del sector privado de Guatemala. Según las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, la Guía resulta ser una copia del reglamento aprobado en Perú diseñado para favorecer a empresas extractivistas. Coinciden en que estandariza el derecho de consulta de los pueblos indígenas, restringe, disminuye y anula el alcance y espíritu del Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales. 

 

 

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