August 3 – 28, 1998
Palais des Nations, Geneva
Franciscans International y los Dominicos quieren expresar su grave preocupación frente al non cumplimiento por parte del gobierno brasileño de los tratados internacionales de derechos humanos que ratificó en su momento, especialmente el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En enero de 1995, Fernando Henrique Cardoso fue elegido presidente de Brasil y juró respetar la Constitución y todos los tratados ratificados por el Estado. Tres años y medio después, constatamos que el gobierno de Brasil no ha respetado plenamente los tratados.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Articulo 6
1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
La actitud del gobierno brasileño en términos del derecho a la vida y a la seguridad no es conforme ni siquiera con las mínimas normas ya que solamente durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, 132 trabajadores rurales implicados en la lucha por la tierra fueron asesinados. Durante esta administración, se cometieron las peores masacres de la historia reciente de Brasil.
El 9 de agosto de 1995, 11 personas fueron asesinadas en Corumbiara, Estado de Rondonia por la Policía Militar durante una operación autorizada por el juez de la provincia de Colorado do Oeste, Señor Clodner Luiz Palleto.
El 17 de abril de 1996, en Eldorado dos Carajas, Estado de Para, 19 personas fueron asesinadas por la Policía Militar, en una operación para abrir una autopista (Autopista Estatal – PA135) ocupada por los trabajadores sin tierra.
Estos hechos ilustran el contexto de violencia y de impunidad en el campo brasileño que continua desde algunos años. Según las estadísticas de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de la Iglesia Católica, 7.843 conflictos sociales tuvieron lugar en 1985 en el país, de los cuales 4.866 fueron a causa de problemas vinculados a la tierra. En el periodo de 1985 a 1997, la CPT registró 1.003 asesinatos de trabajadores rurales, abogados, técnicos, sindicalistas y religiosos relacionados con la lucha por la tierra. En el periodo de 1985 a 1996 fueron documentadas 33 masacres con un total de 195 muertos. Desde 1995, 140 trabajadores rurales fueron asesinados durante conflictos agrarios y ningún responsable fue sancionado. En 1995 – 41 muertos, en 1996 – 54 y en 1997 – 30, y hasta el 15 de mayo de 1998 – 15 más. Además, desde 1995 la violencia continua contra las poblaciones autóctonas y 46 Indios fueron asesinados.
Articulo 8
1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas.
2. Nadie estará sometido a servidumbre.
El informe “Conflictos en el Campo Brasileño – 1995”, publicado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), indica que en 1995, se registraron 21 casos de trabajo en condiciones de esclavitud, implicando a 26.047 personas.
En 1996, el mismo informe anual de la CPT indicó una disminución de estos casos, pero después de 50 años de existencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la presencia de la esclavitud en el territorio de Brasil ofende a la conciencia de la humanidad. Según las estadísticas de la CPT, en 1996 se contaron 19 casos de esclavitud implicante a 2.487 personas.
Articulo 14
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.
El 10 de junio de 1997, en la Ciudad de Pedro Canario, en el Estado de Espirito Santo, el trabajador rural y miembro del Movimiento de los Sin Tierra (MST), José Rainha Junior fue condenado a 26 años y 6 meses de prisión por haber presumiblemente participado en la ocupación de una tierra. Este conflicto, que resultó en un proceso injusto contra José Rainha Junior, tuvo lugar el 5 de junio de 1989. Basada sobre declaraciones obtenidas bajo tortura, la investigación de la Policía Militar llegó a estas conclusiones y empezó un proceso penal que terminó con la condena el 10 de junio de 1997. La legislación brasileña prevé que en los casos en los cuales la pena supera los 20 años, cada acusado tiene el derecho a tener un nuevo proceso.
Después de una intensa batalla judicial, los abogados de la defensa obtuvieron que el proceso fuese desplazado a la capital estatal, Vitoria. Todavía, hasta ahora, no se ha tomado ninguna decisión definitiva sobre donde el segundo proceso debería tener lugar porque la decisión de actuar el desplazamiento a la ciudad de Vitoria pertenece al Estado de Espirito Santo.
Amnesty International presentó una comunicación pública en agosto de 1997 a propósito de la detención de los miembros del MST. En aquella intervención, la organización declaró que consideraría a José Rainha como un detenido político, si la sentencia de culpabilidad sería mantenida por un segundo proceso bajo semejantes circunstancias, o si la acusa no presentaría pruebas objetivas relacionadas con la acusación en cuestión. Si José Rainha será detenido, la organización instará por su liberación inmediata y incondicional.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y CulturalesArticulo 11
1. Los Estados Partes al presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para:
- Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfecionamento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la exploitación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;
- Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.
El 20% de la población total de Brasil con los mayores ingresos recibió 32 veces más que el 20% con los réditos mas bajos durante el periodo de 1981 a 1993. En Brasil, se considera que el 22% de la población, 32 millones de personas, pasan hambre.
En el norte este de Brasil, la sequía prevista por muchos analistas no recibió la necesaria atención por parte del gobierno que no creía que alcanzaría las proporciones actuales, y, por esta razón, no tomó medidas preventivas. Las estimaciones del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBDE) registraron que hoy día la sequía ha golpeado a 10 millones de personas.
En algunos pueblos, cada familia tiene derecho solamente a 2 vasos de agua cada mes; muchas familias fueron obligadas a comer palmas (una especie de cactus), uno de los pocos alimentos dejado por los animales. La sequía afecta también a una buena parte de los acampamientos y de las instalaciones objeto de la reforma agraria. En algunas zonas se perdieron todos los animales. Acerca de 30.000 familias integraron así el Movimiento de los Sin Tierra.
La situación de los trabajadores sin tierra es grave en los acampamientos. La cantidad de alimentos básicos concedida por el gobierno federal a estas familias – que consiste en un conjunto mensual de alimentos indispensables a la persona humana como judías, arroz, harina, sal, etc. – fue cortada por el mismo gobierno federal. Actualmente, en Brasil hay 57.301 familias, o 250.000 personas, que viven en acampamientos, de las cuales 150.000 tienen menos de 14 años.
Tenemos también que añadir el hecho de que el gobierno brasileño hasta ahora no ha presentado ante las Naciones Unidas su informe sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Brasil, como relevaría de su obligación (ver artículos 17 y 18 del Pacto).
Declaración Universal de Derechos Humanos
Articulo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
Según las estadísticas del Gobierno Federal de Brasil (ATLAS FUNDUIARIO 1992), el 1% de la población brasileña posee el 43% de las tierras agrícolas. Según la FAO, Brasil es el segundo país en el mundo, después de Paraguay, con la peor distribución de la tierra. Los índices utilizados por la FAO – índice de GINI, que varia de 0,000 a 1,000 – con el fin de determinar la concentración de las tierras, indican una concentración de 0,8278. En 1997, las estadísticas mostraron que 477.105 personas estaban directamente implicadas en conflictos por la tierra.
El gobierno de Brasil declaró que a finales de esta administración de 4 años, 300.000 familias sin tierra serian instaladas. En Brasil, están 4 millones de familias luchando por la tierra, lo que significa que si las cosas se quedan así, se necesitaran 53 años hasta que todas las familias sean instaladas.
Recomendaciones
Franciscans International y los Dominicos apoyan el trabajo y las peticiones del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil y urgen al gobierno de Brasil:
- aportar mejorías consistentes al Programa Nacional de Derechos Humanos, dando prioridad a los cambios relativos a la impunidad,
- tomar medidas efectivas al fin de asegurar que el Poder Judicial concluya, sin retraso, los numerosos procedimientos pendientes relativos a los asesinatos de los trabajadores rurales y de las personas relacionadas con ellos,
- promover la inmediata instalación de todos los trabajadores rurales sin tierra y de sus familias,
- llevar a cabo inmediatamente una reforma agraria amplia y masiva,
- mantener y apoyar el “grupo movel’ de la Secretaria de la Fiscalización Laboral (SEFIT) en su tarea contra el trabajo en condiciones de esclavitud, concediendo más recursos y garantizando una mayor coordinación a través de la armonización de las acciones de los Estados “Delegacias Regionais do Trabalho”,
- tomar medidas oportunas para asegurar que el Poder Legislativo adopte la ley sobre el trabajo en condiciones de esclavitud,
- mejorar el sistema de protección de los testigos,
- defender los derechos de las poblaciones autóctonas,
- poner en practica el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales con relación a los trabajadores sin tierra y a las poblaciones autóctonas.