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1999 | 55th Regular Session of the UN Commission on Human Rights (22 March - 30 April 1999)

The human rights situation in Mexico (in Spanish)

March 22 – April 28, 1999
Palais des Nations, Geneva

La situación de los derechos humanos en México continúa deteriorándose. Los diferentes órganos de la Organización de las Naciones Unidas especializados en la protección de éstos , así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos dan cuenta de lo anterior. México ocupó uno de los primeros lugares respecto al número de denuncias de muerte en detención registradas por el Relator Especial de Ejecuciones Sumarias de Naciones Unidas y el tercer lugar de denuncias de desaparición presentadas ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, según sus más recientes informes. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asentó que la práctica de las detenciones ilegales en México constituye una seria situación violatoria de los derechos humanos, por su carácter sistemático. Al mismo tiempo, el Comité Contra la Tortura concluyó que en México se practica la tortura en forma sistemática, especialmente por las policías judiciales y, en el último tiempo, por efectivos de las fuerzas armadas bajo el pretexto de la lucha antisubversiva y contra el narcotráfico. El Relator Especial sobre Tortura confirmó que la tortura es frecuente en muchas partes de México.

La Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías pidió en su Resolución 1998/4, emitida en su 50º periodo de sesiones, que el gobierno de México dé alta prioridad a la lucha contra la impunidad de los autores de violaciones graves a los derechos humanos, sobre todo las cometidas contra miembros de comunidades indígenas; pidió también que se garantice y promueva la acción de los defensores y llamó a los signatarios de los Acuerdos de San Andrés a reiniciar el proceso dando prioridad al diálogo.

La falta de voluntad política del gobierno mexicano para poner fin a estas graves violaciones de los derechos humanos (derecho a la vida, derecho a la libertad e integridad personales, garantías y protección judiciales), la ineficacia y parcialidad de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia; el aumento de la actividad de las fuerzas armadas en la vida civil; la militarización de los mandos policiacos y la actividad directa del Ejército en labores de seguridad pública, combate al narcotráfico y a la insurgencia armada; la impunidad de los grupos paramilitares, afectan a toda la población y sobre todo a los grupos más vulnerables (indígenas, mujeres y niños), en todo el territorio nacional, y muy especialmente en Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

La falta de independencia del poder judicial agrava la situación de los derechos humanos en México. La CIDH señaló que la misma estructura constitucional de los tribunales pone en duda la auténtica independencia de éstos respecto al poder ejecutivo y que la relación entre la detención ilegal, y la violación a la integridad personal y a las garantías judiciales, no es circunstancial, ya que obedece a una actuación lógica de dependencia que surge en no pocos casos entre las autoridades administrativas y las judiciales. La inoperancia del sistema de justicia refleja un debilitamiento generalizado del estado de derecho. Las normas se aplican a discreción y en beneficio de ciertos grupos de poder; los procesos tienen irregularidades graves.

Es común el uso de las instancias de procuración e impartición de justicia para resolver conflictos políticos. Es el caso de los operativos de desmantelamiento de los municipios autónomos en el estado de Chiapas, donde con el pretexto de “restablecer el estado de derecho” se realizaron cientos de detenciones y cateos ilegales. Esta evolución traduce la utilización desmedida del poder por parte del gobierno de México, bajo el pretexto de desactivar los grupos insurgentes, para acallar e impedir la disensión pacífica de la sociedad respecto de las políticas del Estado.

La creciente militarización ocurrida en México ha traído consigo graves violaciones a los derechos humanos por parte de los militares los cuales, como asevera el Relator Especial sobre Tortura, gozan de inmunidad frente a la justicia civil y están protegidos en general por la justicia militar. Esta militarización ha afectado particularmente las zonas predominantemente indígenas. Al respecto la CIDH señaló que ha habido no sólo un recrudecimiento de prácticas de control por parte de las fuerzas de seguridad, sino el sometimiento indiscriminado de organizaciones y dirigentes sociales. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos también ha expresado su preocupación al respecto.

De extrema gravedad es la actuación de grupos paramilitares en Chiapas, desde 1995, lo que ha provocado un gran número de muertes. Durante 1998, a pesar de supuestas investigaciones para desarmar a estos grupos, éstos siguieron actuando impunemente. Esta situación de denegación de justicia se repite en otros estados como Guerrero, Oaxaca y Veracruz donde se tiene conocimiento de la existencia de grupos de civiles armados. El Comité Contra la Discriminación Racial señaló la frecuencia con que los responsables de actos de violencia o intimidación perpetrados por grupos paramilitares, representantes de las fuerzas del orden o terratenientes han permanecido impunes. Esta situación ha originado el desplazamiento forzado de comunidades indígenas enteras. Según cifras no oficiales, los desplazados internos en Chiapas podrían ser 16 mil personas que viven en condiciones infrahumanas y cuya seguridad personal es vulnerada, como ocurrió en la masacre de Acteal, perpretada el 22 de diciembre de 1997 en el Municipio de Chenalhó, Chiapas.

Los defensores de derechos humanos y periodistas han sufrido en forma creciente hechos de hostigamiento, violencia, amenazas e intimidaciones lo cual llevó, tanto a la CIDH como al Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, a expresar su preocupación por ello. Además, el gobierno de México se muestra cada vez más reticente a la inspección internacional en derechos humanos. Ha obligado a abandonar el país a más de 100 observadores internacionales, desde noviembre de 1997 a la fecha, instrumentando una política de acreditación y admisión de misiones de observación internacional, que deja a la discreción de un funcionario el otorgamiento de permisos de entrada para realizar observación de derechos humanos y entregar ayuda humanitaria.

A pesar de que la existencia del sistema oficial de protección de los derechos humanos ha resultado positiva, se ha revelado ineficaz para frenar los abusos, ya que no goza de independencia frente al Poder Ejecutivo, sus métodos de investigación no se ajustan a los sistemas internacionales, el cumplimiento de sus recomendaciones queda a discreción de las autoridades y, como señala el Relator sobre Tortura, muestra una disposición inexplicada a considerar que éstas son cumplidas, cuando en la práctica solo se han aplicado parcialmente.

En 1993 el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales expresó su preocupación sobre el gran número de personas que viven en extrema pobreza y el crecimiento en la desigualdad de los salarios de los trabajadores mexicanos. Desde esa fecha el número de personas extremadamente pobres se ha incrementado de 17 a 26 millones; igualmente, el salario mínimo real ha descendido al nivel que tenía en 1940; esta situación es particularmente grave en lo que respeta a los pueblos indígenas, que se encuentran en condiciones de desigualdad frente al resto de la población sufriendo en muchas zonas condiciones deplorables de empobrecimiento, acceso a servicios sociales y salud. Asimismo, como ha señalado la CIDH, pese a que los municipios indígenas son un tercio de los municipios del país, representan el 48% de los de “alta marginación”, y el 82% de los calificados como de “muy alta marginación”.

Por lo anterior, solicitamos a la Comisión de Derechos Humanos que:

  • Urja al gobierno de México a adoptar medidas contra la gran cantidad de violaciones de derechos humanos, y contra quienes las cometen. Es indispensable una reforma del sistema de procuración y administración de justicia que asegure a todos los individuos el acceso pleno a ella.
  • Inste al gobierno a fortalecer el sistema público de protección de los derechos humanos, garantizando la autonomía plena de la Comisión Nacional y las comisiones estatales, para asegurar la investigación exhaustiva, imparcial y efectiva de todas las quejas y reportes de violaciones, por un cuerpo independiente de los presuntos responsables, con la autoridad y recursos necesarios para llevar a cabo la investigación correspondiente.
  • Inste al gobierno a que se realice lo más pronto posible la visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, para realizar un diagnóstico con base en un monitoreo sobre esta situación, en coordinación con las comisiones públicas y los organismos civiles de derechos humanos.
  • Examine la situación de los derechos humanos en México, tomando en cuenta la información de que dispongan los distintos órganos de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, y especialmente la Resolución 1998/4 de la Subcomisión que señala que en caso de que esta Comisión decida no hacerlo, que prosiga el examen de esta evolución en el 51ª periodo de sesiones de la Subcomisión.
  • Exhorte al gobierno a extender invitaciones a los Relatores Especiales sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, asi como al de Independencia de Jueces y Abogados; y a los Grupos de Trabajo sobre Detención Arbitraria y sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y nombre un Relator Especial para México encargado de dar seguimiento a la situación general de los derechos humanos en el país.

México, D.F., 13 de enero de 1999

Las redes

  1. Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia
  2. Foro de Organismos Civiles de Oaxaca (FOCO)
  3. Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD)
  4. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”:
  5. Red Mexicana de Acción Frente el Libre Comercio.

Las organizaciones mexicanas

1. Academia Jalisciense de Derechos Humanos, A.C. (AJDH) Jalisco.
2. Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), D.F.
3. Alianza Civica.
4. Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA).
5. Asociación Civil para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. Hidalgo.
6. Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM (FEDEFAM-México).
7. Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI) Jalisco.
8. Brigadas Pro Derechos Humanos-Observadores por la Paz.
9. Casa y Ciudad, A.C.
10. Casa del Pueblo, Tlalpan, D.F.
11. Ce-Acatl, A.C.
12. Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño (CAMPO).
13. Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan, AC.) Guerrero.
14. Centro de Derechos Humanos “Los Príncipes”, Oaxaca.
15. Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A.C. Chiapas.
16. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C., D.F.
17. Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, A.C. (PRODH), D.F.
18. Centro de Derechos Humanos “Tepeyac”, Oaxaca.
19. Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC), Chiapas.
20. Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A.C., Oaxaca.
21. Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdoba”, Chiapas.
22. Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C.
23. Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., Tamaulipas.
24. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano.
25. Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos.
26. Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS).
27. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C., Guerrero.
28. Centro Potosino de Derechos Humanos, A.C. (CEPODHAC), San Luis Potosí.
29. Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C., Coahuila.
30. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), Nuevo León.
31. Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez (COMEXANI).
32. Colectivo de Mujeres Campesinas de la Costa Grande de Guerrero (COMUCAM).
33. Colectivo Oaxaca por la Paz.
34. Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea de Barrios, D.F.
35. Comisión de Derechos Humanos “La Voz de los sin voz”, Guerrero.
36. Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.
(COSYDDHAC), Chihuahua.
37. Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C., Morelos.
38. Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida”, D.F.
39. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., D.F.
40. Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, A.C., Veracruz.
41. Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, Oaxaca.
42. Comité de Artes, Oficios y Ecologia.
43. Comité de Defensa y Apoyo a Comunidades y Pueblos Indios (CODACPI), Guerrero.
44. Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI), Chiapas.
45. Comité de Derechos Humanos Ajusco, D.F.
46. Comité de Derechos Humanos de la Huasteca, Sierra Oriental (CODDHSO)
47. Centro de Derechos Humanos “Don Sergio”, A.C., Morelos.
48. Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada, O.P.”, Chiapas.
49. Comité de Derechos Humanos de Colima (No gubernamental), Colima.
50. Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A.C.
(CODHOMHAC), Guanajuato.
51. Comité de Derechos Humanos Pueblo Nuevo, A.C., D.F.
52. Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C. (CODEHUTAB), Tabasco.
53. Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, AC., Veracruz.
54. Comité Emiliano Zapata de San Nicolas de Totoloapan.
55. Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hidalgo, A.C.
56. Congreso Nacional Indígena (CNI).
57. CNI Tarahumara-Chihuahua.
58. Consejo Indígena Popular Oaxaqueño “Ricardo Flores Magón”.
59. Consejo Supremo Nahuatl de Texcoco.
60. Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas.
61. Coordinadora Nacional de Pueblos Indios.
62. Deca Equipo Pueblo, A.C.
63. Defensoras Populares, A.C. (DPAC)
64. Defensoria del Derecho a la Salud
65. Desarrollo Social y Económico de los Mexicanos Indígenas, A.C.
66. Espacio Autónomo, A.C.
67. Foro Maya Peninsular.
68. Frente Autentico del Trabajo (FAT).
69. Frente Cívico Sinaloense, Secretaría de Derechos Humanos, Sinaloa.
70. Frente por el Derecho a Alimentarse, A.C.
71. Frente Regional Popular del Sureste de Veracruz.
72. Grupo Indignación, AC, Yucatán.
73. Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A.C., Guerrero.
74. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC), Area de Derechos Humanos, Jalisco.
75. K´inal Ansetik.
76. Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos HumanoS(LIMEDDH-FIDH).
77. Maderas del Pueblo del Sureste, Oaxaca.
78. Mujeres en Acción Solidaria (MUSAS), Tabasco
79. Praxis.
80. Programa Universitario de Derechos Humanos del ITESO, Jalisco.
81. Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA-León, Guanajuato.
82. Promotores de Derechos Humanos del STUNAM.
83. Servicios del Pueblo Mixe.
84. Servicios para una Educación Alternativa, A. C. (EDUCA).
85. Servicio Paz y Justicia- México (SERPAJ).
86. Taller Universitario de Derechos Humanos (TUDH), D.F.
87. Unión Campesina Obrero Popular Independiente-Irapuato.
88. Unión de Comuneros Emiliano Zapata, Michoacán-Guanajuato.
89. Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Jalisco.
90. Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).
91. Xi’ Nich, Chiapas.

Las organizaciones internacionales

1. Ascur- Las segovias.
2. Agir Ensemble pour les droits de l’Homme.
3. Centro misionera de los Franciscanos, Bonn.
4. CAFOD
5. CCFD
6. Center for Justice and International Law (CEJIL)
7. Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo, Flandes – Bélgica.
8. CIDSE
9. CIFCA.
10. DKA – Austria
11. Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.
12. Federación Internacional de Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT).
13. Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH).
14. France Libertés – Fondation Daniele Mitterand.
15. Fransiscans International and the Dominicans.
16. Humanitarian Law Project – International Educational Development.
17. Instituto de estudios políticos para América Latina y Africa (IEPALA).
18. Novib – the Netherlands Organisation for International Development.
19. One World Action.
20. Oxfam GB
21. Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
22. Pax Christi – Germany.
23. Pax Christi – International.
24. Paz y tercer mundo – España.
25. Terre des Hommes – France.

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