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1999 | 55th Regular Session of the UN Commission on Human Rights (22 March - 30 April 1999)

The situation of internally displaced persons in Colombia (in Spanish)

March 22 – April 28, 1999
Palais des Nations, Geneva

Personas desplazadas al interior de sus fronteras

Colombia es uno de los países que cuenta con el más elevado numero de personas desplazadas al interior de sus fronteras. Mas de 1.200.000 colombianos fueron obligados a abandonar su casa durante el ultimo decenio. 200.000 personas fueron desplazadas en 1997, 275.000 entre 1995 y 1996. (Crosslines, global IDP Survey Report. Sept-Oct. 1998. Pp 15-16). En enero de 1999 a causa del terremoto, más de 200.000 personas incrementaron el total nacional.
Las personas desplazadas al interior de sus fronteras son una categoría que crea dificultades a las organizaciones de ayuda humanitaria porque no existe ninguna institución especifica encargada de ocuparse de este fenómeno así que una legislación aplicable a esta situación. Estas personas se encuentran extremamente vulnerables y inadecuadamente protegidas por la legislación internacional. Representan sovente una causa de vergüenza y una complicación para el gobierno nacional. Las personas desplazadas comparten muchas de las necesidades de los refugiados pero sus derechos faltan de claridad a nivel de la legislación internacional.
Franciscans International, la Comisión Internacional Católica de las Migraciones, Maryknoll Office for Global Concerns (Maryknoll Fathers and Brothers and Maryknoll Sisters), el Servicio de los Jesuitas para los Refugiados y los Dominicos trabajan a través el mundo con refugiados y personas desplazadas al interior de sus fronteras. Intentan hacer frente a sus necesidades y promover sus derechos. En Colombia, la situación es tan escandalosa que instamos a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de tratar esta cuestión a titulo prioritario en su agenda: proteger sus derechos humanos, examinar y tratar las causas de su desplazamiento.

El desplazamiento esta vinculado al profito

Algunas personas desplazan a otras para manifestar su odio o para obtener un beneficio personal. Hace veinte cinco años, el desplazamiento de las personas en Colombia procedía en gran parte de la lucha entre la guerrilla y el gobierno para controlar la tierra. Hace quince años, los narcotraficantes desplazaban a las personas para controlar una parte del territorioAhora son los más grandes propietarios de terrenos del país y tienen bajo su control entre 3 y 5 millones de hectáreas de la mejor tierra para la agricultura y el elevaje. Hoy en día, el desplazamiento se acelera a causa de los intereses comerciales internacionales. Ahora, las causas son más globales que locales. (GAD, boletín no. 24, julio 15-30 de 1998).
Por ejemplo, las regiones de Colombia más golpeadas por el desplazamiento están entre las más ricas en petróleo, oro, leña u son áreas donde grandes inversiones extranjeras son puestas en marcha. Los propietarios de terrenos, los traficantes de droga y los agentes gubernamentales locales están vinculados a grupos paramilitares, al fin de incitar las personas a dejar su propia tierra. (El Tiempo, mayo 22 de 1998). Los agentes gubernamentales afirman que las personas abandonan una zona de guerra peligrosa y no pueden regresar en toda seguridad. De toda manera, no hay ninguna discusión seria o acción concreta del gobierno para facilitar el regreso. En efecto, esta tierra es frecuentemente ocupada por las multinacionales y los traficantes de droga.

Petróleo, paramilitares y desplazamiento

La economía está a la raíz del fenómeno actual del desplazamiento interno en Colombia. La industria del petróleo en Colombia es un ejemplo de un conjunto de acuerdos entre el gobierno y las multinacionales que transforman los ciudadanos colombianos en desplazados internos. En el contexto de la globalizacion y de las condiciones del mercado neo liberal, impuestas por las instituciones financieras internacionales sobre los países en desarrollo, Colombia ha abierto sus puertas a las multinacionales del petróleo para tener un mayor control sobre uno de los más beneficiosos de los recursos naturales. Hemos notado que la tierra recientemente evacuada es comprada por inversores extranjeros y estas propiedades son encerradas de zonas de seguridad controladas por militares o fuerzas paramilitares de extrema derecha.

Sumisión a las multinacionales del petróleo

El petróleo en Colombia es la principal fuente de exportación. Comparado al café quien en 1996 representaba el 3,4% del GNP y el 15,2% de las exportaciones colombianas, el petróleo representaba el 4,3% del GNP y el 26,8% de las exportaciones del país. En Colombia, Ecopetrol, creada en los años 40, es la industria nacional del petróleo. Como industria del Estado enregistró beneficios en el curso de los años 60. En 1969, al fin de atraer y retener la tecnología extranjera para facilitar el proceso de extracción, el gobierno colombiano firmó varios acuerdos donde las multinacionales y Ecopetrol habrían divido los gastos de exploración así que la información sobre los actuales y precedentes tentativos para encontrar nuevos pozos. Estos contratos con industrias extranjeras perjudicaron la capacidad de Ecopetrol de desarrollarse de manera autónoma. Ahora la mayoría de las entradas de Ecopetrol dependen de su asociación con British Petroleum (BP) quien empezó en 1997 a extraer petróleo bruto del más grande pozo (estimado a 2 miliardos de barriles valorados en US$ 25.000.000.000) descubierto en Colombia, el Cusiana, situado en el departamento oriental de Casanare. En 1997, la tercera parte de todo el petróleo colombiano fue producido por BP en la región de Casanare. En 1998, las multinacionales del petróleo extrajeron todo el petróleo producido en Colombia, ocupando BP el primer puesto. En 1988, Ecopetrol exploraba 3.245 millas del territorio, pero en 1996 esta cifra bajaba a 621 y en 1997 a cero. Gradualmente, el numero de pozos de Ecopetrol pasó de 216 en 1986 a solamente 2 hoy en día. Los términos del contrato hacen que Ecopetrol no sea más una fuente de rentabilidad y un interlocutor fuerte en la mesa de negociaciones. (NCLA Report on the Americas. Vol. XXXI, No 5. March/April 1998. P. 43).
Muchas veces, la guerrilla atacó BP así que las refinerías y los oleoductos de petróleo occidentales. Igualmente capturó a responsables de la industria del petróleo. La población civil esta involucrada en la violencia y la contra violencia. Hasta 1995, la industria del petróleo pagaba indirectamente su protección a través de las fuerzas armadas con un impuesto de guerra de $ 1 para barril de petróleo. A partir de la explotación de la reserva de Cusiana, las multinacionales, como British Petroleum, empezaron a negociar acuerdos de protección directamente con las fuerzas armadas. A través de un acto sin precedentes el ejercito asignó 3.000 soldados de la 16a brigada a la zona acerca de las instalaciones de BP a Cusiana. Los militares obligaron también la población a alejarse de tres millas de las instalaciones. Oficialmente, esto se hace para su protección, pero se trata en realidad de una táctica bien conocida en Colombia al fin de crear un corredor seguro y inhabitado para proteger las inversiones de las multinacionales en el país. Esta estrategia utilizada directamente por el ejercito, pero también por los paramilitares, contribuyó a aumentar considerablemente el numero de personas desplazadas al interior de sus fronteras.
En noviembre de 1997, el responsable colombiano de la seguridad nacional pidió a las Cooperativas Rurales de Autodefensa y de Seguridad, conocidas bajo el nombre de Convivir, de garantizar la protección de las obras de las multinacionales. Esta decisión fue tomada cuatro meses antes de que las negociaciones encabezadas por el Reino Unido en nombre de la Unión Europea se terminaron con la redacción de la Declaración del Presidente sobre Colombia que afirmaba que la 54a Comisión de Derechos Humanos de la ONU se felicitaba de las recomendaciones de la Corte Constitucional colombiana del 7 de noviembre de imponer severos controles sobre las armas que poseían los servicios privados especiales de seguridad (conocidos como Convivir). Se felicitaba también de las medidas adoptadas por el gobierno colombiano para reglamentar la constitución y el funcionamiento de estos cuerpos, en particular para prohibir que no se establezcan en zonas de conflicto. Por primera vez, un documento de las Naciones Unidas reconocía formalmente la legitimidad de una fuerza armada mercenaria privada para proteger una propiedad privada al interior de un país afirmando que estas organizaciones tenían que ser controladas pero no consideradas ilegales.

Barrancabermeja

Barrancabermeja, gran ciudad industrial del departamento de Santander, es conocida por sus refinerías de petróleo y por la fuerte organización y movilización de la sociedad civil frente a las políticas económicas. El gobierno colombiano intentó privatizar Ecopetrol ahora que se encuentra deficitaria a causa de los acuerdos y la competición de las multinacionales del petróleo. La tendencia hasta la privatización encontró una fuerte oposición de la parte del poderoso sindicato USO quien goza de un vasto apoyo entre la población a causa de su papel histórico en la lucha para la nacionalización del petróleo y la creación de Ecopetrol en los años 40. Los dirigentes del USO fueron objeto de una represión brutal. Barrancabermeja es un centro importante para el USO. Desde 1987, más de 80 de sus miembros fueron asesinados, la mayoría por fuerzas paramilitares con la complicidad del gobierno. (El Tiempo, Bogotá, May 11, 1993 and January 14, 1994; El Colombiano, Medellin August 17, 1995). Los casos mejor documentados son los asesinados de muchos dirigentes del USO para la red de inteligencia naval de Barrancabermeja en el departamento de Santander. Establecida en los inicios de los años 90 con la asistencia del personal del servicio de inteligencia americano, esta red paramilitar mató a más de 100 dirigentes locales y de sindicalistas en la región. (Human Rights Watch / Americas, Colombia’s killer Networks: the Military – Paramilitary Partnership and the United States. New York, Human Rights Watch, 1996).
Franciscans International, la Comisión internacional católica de las migraciones, Maryknoll Office for Global Concerns (Maryknoll Fathers and Brothers and Maryknoll Sisters), el Servicio de los Jesuitas para los Refugiados y los Dominicos están profundamente preocupados por los eventos ocurridos en Barrancabermeja desde la 54a Comisión de Derechos Humanos en 1998. Estos eventos son actos de terrorismo perpetrados por grupos paramilitares de extrema derecha al fin que la población civil tenga miedo y se sujete o se desplace. El 16 de mayo de 1998, 50 miembros de las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (AUSAC) entraron en tres barrios del sector sur oriental de la ciudad de Barranca. Allá, asesinaron varias personas en frente de sus familiares y se llevaron a 22 hombres. Las familias de estas personas se fueron a Bogotá para implorar a los agentes gubernamentales de hacer revenir sus hijos y sus maridos. Sus esperanzas se vieron truncadas cuando los paramilitares de extrema derecha publicaron un comunicado para la prensa donde afirmaban que durante su cautividad los hombres fueron juzgados, acusados de ser marxistas, ejecutados y sus cuerpos incinerados.
Los grupos paramilitares aterrorizan constantemente los civiles para desplazarlos de las zonas rurales para que la guerrilla no obtenga el apoyo de las personas de las pequeñas ciudades y de las zonas rurales. En julio y octubre de 1998, 10.000 agricultores fueron por cuatro meses a Barancabermeja desde Sur Bolivar al fin de protestar contra las actividades de los paramilitares en sus regiones y contra el incumplimiento de los acuerdos de las marchas de los campesinos firmados en 1996 en Barranca. En el curso de las negociaciones con el gobierno, los agricultores recibieron aseguraciones que habrían podido regresar a su casa en toda tranquilidad. Cuando algunos de ellos regresaron fueron amenazados y a veces atacados por los paramilitares que dispararon sobre ellos desde los helicópteros. Otros no pudieron regresar porque su tierra fue entre tanto vendida a industrias de extracción de oro.
Algunas personas que fueron a Barrancabermeja llegaban desde Tequisio. Durante la 53a Cdh, Franciscans International recibió un llamado urgente para la seguridad de dos frailes de Tequisio. Fuentes paramilitares de extrema derecha de la región les habían hecho saber que tenían que dejar la ciudad o que de otra manera serian asesinados. Ninguno de los dos estaba involucrado políticamente. Los dos eran simples pastores. Puede ser que los frailes así que la mayoría de la población local fueron obligados de partir por razones de seguridad. En agosto de 1998, un grupo de paramilitares de extrema derecha llegó a Tequisio y reunió a la gente en la plaza de la ciudad. Allá torturaron públicamente cuatro hombres con catenas, cortaron sus miembros y los decapitaron frente a sus familias y sus amigos. Fue una manera brutal de aterrorizar las personas que aun permanecían para que abandonen su tierra a los intereses mineros. Hemos en seguida aprendido que minas de oro fueron descubiertas en la región de Tequisio.

Nuestras recomendaciones a la 55a Comisión de Derechos Humanos de la ONU

Reconociendo los pasos tomados por el gobierno colombiano para proteger los desplazados incluidos en la Ley 387/97, pedimos:

  1. Conjuntamente a otras ONG basadas en Colombia, instamos con urgencia a la comunidad internacional a fortalecer la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bogotá,
  2. Recomendamos que el personal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en Bogotá sea aumentado y que sean incluidas personas con experiencias diversificadas: por ejemplo, vinculadas con los sindicatos, los educadores y los miembros de las comunidades religiosas,
  3. Instamos a las Oficinas de la ONU del Alto Comisionado para Derechos Humanos de pedir al gobierno colombiano de respetar y poner en aplicación los Principios internacionales sobre el desplazamiento al interior de las fronteras de un país,
  4. Recomendamos que la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU en Bogotá publique un Plan de trabajo para 1999 donde la vigilancia de las violaciones de derechos humanos de las personas desplazadas sea una prioridad. Pedimos con urgencia que este estudio identifique las causas del desplazamiento así que las razones que dificultan el regreso de los desplazados a sus comunidades,
  5. Pedimos al gobierno colombiano de investigar todas las violaciones de los derechos humanos y de dar cuenta, en particular, de los 22 hombres capturados para los paramilitares de extrema derecha en Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998,
  6. Pedimos con urgencia al gobierno colombiano de trabajar a un nivel trilateral con países partenarios para facilitar el regreso de los desplazados, acompañandolos en el regreso y garantizando su seguridad durante y después el proceso de reinstalación. Indicamos el ejemplo de Guatemala donde equipos multilaterales de la comunidad internacional trabajaron con el gobierno nacional para facilitar el regreso de los civiles en las zonas de conflicto, porque estaban convencidos que su regreso no podía esperar un acuerdo de paz,
  7. Recomendamos que el Relator Especial de la ONU sobre los Mercenarios, Sr. E. Bernales Ballestreros, visite Barrancabermeja para investigar sobre los lazos económicos entre los paramilitares y las multinacionales,
  8. Pedimos con urgencia que el Sr. F. Deng, Representante Especial del Secretario General de la ONU para las personas desplazadas visite Colombia en 1999, prepare un informe sobre la situación de los desplazados y que este sea publicado lo más rápidamente posible.
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